Por Sergio Caniuqueo
Historiador
24 de agosto del 2011.
Historiador
24 de agosto del 2011.
Las superintendencias en Chile se han creado como entes fiscalizadores autónomos, de carácter estatal (aunque muchos de sus funcionarios vengan del mundo privado y estén temporalmente en ellas) primero para fiscalizar a empresas privadas que asumían prestaciones que el Estado les relevaba, es decir empresas que asumían un rol que el Estado debe cumplir. De esta manera el Estado garantizaba cumplir con una función, pero ese
mismo acto llevaba a que esa función de redujera a una prestación de servicio, esto conllevaba a que las personas dejaban de ser ciudadanos y pasaban a ser usuarios, demandante de un servicio. Por lo cual, lo que entregaba ese servicio pasaba a ser un bien de consumo, y como tal se diversificaba la calidad de un producto a la capacidad de adquisición del usuario.
mismo acto llevaba a que esa función de redujera a una prestación de servicio, esto conllevaba a que las personas dejaban de ser ciudadanos y pasaban a ser usuarios, demandante de un servicio. Por lo cual, lo que entregaba ese servicio pasaba a ser un bien de consumo, y como tal se diversificaba la calidad de un producto a la capacidad de adquisición del usuario.
Por ejemplo, en 1981 se crea la superintendencia de ISAPRES, cuyo fin era fiscalizar la prestación de servicio de salud a las personas que se encontraban bajo este nuevo sistema. Pero un ciudadano dentro de este esquema se diluye, pues al ser un usuario mantiene una relación contractual individual con su prestador de servicio, se anula todo acto de colectividad, por lo tanto al usuario se le restringe a emplazar sobre la calidad del servicio por el que paga, pero se le excluye de las políticas de salud, pues no están los canales para una participación colectiva para poder incidir en el sistema.
Fuera de ello las superintendencias fiscalizan los dineros entregados por las compras de servicio, por lo tanto, vigila si se cumple la prestación, y no necesariamente la calidad de la prestación, para ello necesita marcos regulatorios que no siempre tiene a mano. Y que incluso se han dejado así como una garantía para la inversión de los capitales privados.
Por ejemplo, en Salud se pasó de una superintendencia de ISAPRES a una de Salud, el cambio no es menor y se debe principalmente a que hoy los Servicios de Salud, en el fondo el Estado, ha colocado a disposición de los privados diversos paquetes para la compra de servicio, entre ellos el Plan AUGE. Esto en muchos casos lleva a endeudamiento del Estado hacia los privados, como se puede apreciar en lo que ha ocurrido con el crédito fiscal aval del Estado, en la cual el fisco desembolsa grande sumas por intereses de la banca.
Es claro que en todos estos años las superintendencias no han logrado evitar los fraudes al Estado los usuarios, no han evitado malas prestaciones a sus usuarios y la falta de calidad del servicio ofrecido. Además la prestación está en directa proporción a los que el usuario puede pagar, con lo cual amplía la brecha de desigualdad entre quienes tienen más recursos y quienes no lo tienen. Es más, en el sistema público esto ha llevado a paradojas como que quienes asisten al sistema de salud no se organizan para mejorarlo y esta responsabilidad es tomada por los funcionarios, que bajo este esquema son quienes prestan el servicio, y cuando esto últimos se movilizan los primeros reclaman ante sus movilizaciones, y el Estado le aplica sanciones.
Un ejemplo claro es la superintendencia de bancos que permitió que las casa comerciales funcionaran como entidades financieras haciendo crecer de manera explosiva el sobreendeudamiento de las familias. Hasta el momento no existen medidas para corregir este sobreendeudamiento, sobre todo pensando que en que estamos entrando a una recesión mundial. Hasta el momento ha sido una sola casa comercial responsabilizada y no se ha investigado la situación de otras.
Otro punto importante a considerar es que el capital financiero, es decir la banca, especula y saca ganancias de este tipo de transacciones. Este tipo de especulaciones funciona en dos sentidos: al alza y la baja. Por lo cual, quien posea mejor información acerca de un alza o una baja recoge mejores ganancias, es aquí a donde la humanidad de las personas desaparece y se transforma en un valor contable solamente.
El tema de las crisis de la institucionalidades no es solamente una crisis de la “clase política”, sino es directamente una crisis del modelo neoliberal, pues el modelo no requiere de ciudadanos empoderados en sus derechos, es decir grupos organizados en pro de los interés del bien común, sino usuarios en esta lógica contractual individual. De ahí que los partidos de la Concertación y los de la Alianza, fueron los más perjudicados en su credibilidad, pues ambos han sido artífices de estas políticas, pese a que actualmente, por razones populistas busca endosarse culpa unos a otros, lo que poco les ha resultado y así lo demuestran las encuestas de opinión, que reflejan su tendencia en la baja en popularidad y confiabilidad. Sin duda el sistema binominal ha sido su mejor instrumento para ello y lograr la hegemonía en el poder.
Hay que pensar que los índices de desarrollo humano subieron en Chile de manera artificiosa aplicando este esquema de mercado, por ejemplo, para el caso de la educación se amplió la oferta educativa por parte de entes privados, con ello los indicadores mostraban que los chilenos tenían un mayor acceso a la educación técnica superior y universitaria. Esto para un país que vive de la inversión extranjera es esencial, pero no se cautelaron la calidad educativa de estos centros, por otro lado para mantener en aumento el acceso y el mantenerse dentro del sistema educativo superior se recurrió a la banca a partir del endeudamiento de los estudiantes y sus familias. Por otro lado el ingreso familiar se aumento a partir de bonos y pensiones asistenciales, lo que ayudo a reducir la extrema pobreza, pero no resolvió el problema de la pobreza, solo generó mayor dependencia a este sistema. Así también los créditos de consumo y las tarjetas de créditos ayudaron a que las familias, aparentemente hayan mejorado su calidad de vida, pero con un sobreendeudamiento del cual no pueden salir.
Hemos vistos estos últimos años un descontento social que se ha ido generalizando y tomado una forma más definida, dicho descontento aún se encuentra en proceso de formación y requiere nuevas institucionalidades que salgan de la lógica del mercado. Lo que posibilita esto es un cambio de modelo y ello se plasma en una nueva constitución, en cambios en el sistema de representación política, en la salvaguarda de derechos, no en términos de accesibilidad, cobertura y calidad, como diría el mercado, sino como derechos fundamentales de las personas. Pero también hay cambios internos a niveles organizativos, esto quiere decir que los partidos debe reconfigurarse y pasar de ser entes cupulares a ser entes representativos y transversal a las demandas de los ciudadanos, sujeto a un control social por estos últimos.
Para el caso mapuche o indígena es necesario transversalizar la interculturalidad, pero no cualquiera, sino una que de cuentas de las relaciones asimétricas, de la relación de dominación que existen no solo entre Estado/Pueblo Mapuche, sino también entre sociedad chilena y sociedad mapuche, que vaya corrigiendo el sentimiento y la naturalización de inferioridad con la que hemos cargada por más de 130 años gracias a este esquema de dominación que llamamos colonialismo. De reconocimiento de nuestro derechos colectivos, que no es solamente a mantener nuestra cultura, sino tener acceso a nuestros recursos naturales, a una compensación por el empobrecimiento provocado por el Estado chileno, pero recalco que no en esta lógica asistencialista, sino en la creación de condiciones para el desarrollo en su integralidad, pues no es solo la compra de más tierra, que nadie discute que es necesario, pero articulada a una visión de desarrollo que los mapuche de manera autónoma podamos decidir la forma. Esto implica el desarrollo de entidades de autorepresentación como pueblo y territoriales, así como sistemas de autoconvocatoria y de decisión a partir de consultas informadas a la personas.
En materia de demandas sociales se debe asumir un plan para romper con el asistencialismo y dependencia del sistema estatal y llevar a procesos de cohesión social para generar propuestas de desarrollo. Salir de los conceptos de la asociatividad, que es un concepto comercial por lo demás, y trabajar en conceptos como colectivismo y responsabilidad social, este último concepto se lo han apropiado los empresarios con fines tributarios, pero que a mi juicio, tiene que ver con la responsabilidad ciudadana. Pensamiento crítico, que significa analizar de manera profunda lo que existe y no aceptarlo porque sí, análisis y discusión colectiva por cierto.
En suma, las superintendencias no resuelven los temas actuales porque han demostrado su incapacidad, y porque el modelo neoliberal no permite que se desarrollen de manera eficaz para no entorpecer el desarrollo empresarial y financiero, aunque esto signifique dañar a las personas. Por otro lado las corporaciones, tampoco lo resuelven, pues esta forma de organización es la cruza entre los criterios empresariales, prestaciones de servicio y acceso a un bien social transformándolo en un bien de consumo. Por lo cual, se resume que cualquier corporación, incluso aquellas sin fines de lucro primero resuelven en términos de de preservarse en términos patrimoniales, o sea económico, ve que tan rentable es la prestación de su servicio y cuál es la demanda que puede asumir para ello. Muchas ONGs, así como el estado asumió el tema de la corporaciones, un ejemplo es CONADI, que se ha transformado en un organismo de asistencialismo y un fondo para las prestaciones de servicio en materias indígenas y que la derecha quiero profundizar en esta línea con una Agencia de Desarrollo, pero que a fin de cuenta solo naturaliza la relación del mercado en la cotidianidad, así tenemos a muchos dirigentes, de asociaciones o comunidades, corriendo en base a proyectos y las agendas políticas, se transforman en agendas de la oferta pública del Estado.
La democracia significa tener una responsabilidad social, es no delegar el poder de decisión a un tercero, que es lo que ha ocurrido con esta supuesta democracia representativa, de una responsabilidad de informarse e informar, y de solicitar información incluso, para decidir en conjunto. De ahí que las organizaciones de base, es decir representativa del pensar de las personas comunes y corrientes, hoy más que nunca son necesarias, porque ello llevará a decidir qué tipo de estructura se necesita para canalizar la voz de las personas y esto se plasme en instituciones participativas, sujetas a un control social de sus bases. Esta es una opinión personal que busco compartir y espero que se pueda servir para seguir conversando con ustedes y que me compartan su visión, que discutamos y resolvamos más allá de la actual coyuntura, pues la crisis se evidencio en la educación, pero esto es la punta de una situación mayor y de carácter global. En este sentido creo que el ejercicio de plasmar la opinión de cada uno es uno de los tantos ejercicios democráticos que muchas veces no se ejerce, pero que es vital para alcanzar acuerdos.
Sergio Caniuqueo Huircapan
Miembro del Comité de Comunicaciones de Wallmapuwen
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